MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
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La excandidata presidencial por Fuerza Popular, e hija del expresidente Alberto Fujimori, fue condenada a un año y tres meses de prisión preventiva en enero de 2020 por blanqueo de capitales y otros presuntos delitos, si bien en mayo de ese mismo año la Justicia anuló la sentencia.
Tras la supresión de la pena, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía apeló el fallo para dejar sin efecto la resolución alegando que la defensa de Fujimori presentó fuera de plazo el recurso de apelación, por lo que no debió ser admitida, según recoge la emisora RPP.
Al respecto, la procuradora para casos de blanqueo de capitales, María Camus Dávila, respaldó en su día la posición de la Fiscalía y apuntó que la defensa de Fujimori no presentó la apelación a tiempo, con lo que se debía desandar los pasos dados hacia la anulación de la pena.
Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha argumentado que la resolución de prisión preventiva fue dictada de forma oral en audiencia y apelada en ese mismo momento por los abogados de la opositora, sin embargo en aquel instante no se hizo entrega de los documentos de notificación de la resolución.
Keiko Fujimori fue acusada de haber cometido blanqueo de capitales y otros presuntos delitos, así como de haber recibido contribuciones por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht en los años 2011 y 2016.
