Biden dice sentirse "profundamente decepcionado" por un fallo que "contradice el sentido de la Constitución"
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"Es una mala decisión", ha dicho el mandatario estadounidense
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves por seis votos a favor y tres en contra declarar constitucional el poder portar armas de forma pública y fuera del hogar, como parte de la Segunda Enmienda.
El matiz reside en que, hasta ahora, la Constitución salvaguardaba el derecho de una persona a poseer armas de fuego, aunque en la esfera privada y solo para defensa propia.
El caso está relacionado con una ley del estado de Nueva York que obliga a poseer un permiso que avale portar armas de manera oculta fuera del hogar. Sin embargo, la legislación sostiene que quienes pidan esa solicitud deben demostrar algún tipo de justificación especial, más allá del deseo de protección.
Los demandantes sostienen que este requisito en la legislación hacía muy difícil que los solicitantes pudieran obtener el permiso, lo que convertía a la Segunda Enmienda en un privilegio limitado y no en un derecho constitucional.
El tribunal les ha dado la razón, pero ha dejado la puerta abierta a que los estados pongan otro tipo de limitaciones a portar armas, como la toma de huellas dactilares, pruebas de antecedentes, o de cuadros médicos de salud mental.
El juez conservador Brett Kavanaugh ha defendido que la ley de Nueva York era "problemática porque otorga discrecionalidad ilimitada a los funcionarios encargados de otorgar licencias y autoriza licencias solo quienes puedan demostrar alguna necesidad especial aparte de la defensa propia (...) negando así a los ciudadanos el derecho a portar un arma para protegerse".
En contraposición, el juez demócrata Stephen Breyer ha mostrado su negativa enumerando algunos de los últimos episodios en los que ha estado involucrada la violencia armada, como las masacres en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, y en un supermercado de Búfalo, Nueva York.
"Los peligros que representan las armas de fuego pueden tomar muchas formas (...). Los tiroteos masivos son solo una parte del problema. El fácil acceso a las armas de fuego también puede hacer que muchos otros aspectos de la vida estadounidense sean más peligrosos", ha argumentado.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho sentirse "profundamente decepcionado" por el fallo del Supremo y ha puesto en valor que desde 1911 el estado de Nueva York haya requerido que las personas que quieren portar armas ocultas en público demostrasen que tenían un motivo razonable.
"Más de un siglo después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha optado por anular la ley de larga data de Nueva York que protege a sus ciudadanos. Este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos", ha recalcado Biden.
Al igual que el juez Breyer, Biden también ha hecho referencia a "los horribles ataques en Búffalo y Uvalde" y al resto de "actos diarios de violencia armada que no aparecen en los titulares nacionales" y ha reclamado que como sociedad hay que "hacer más" para proteger a los conciudadanos.
Biden ha parafraseado al difunto juez conservador Antonin Scalia, quien dijo una vez que la Segunda Enmienda no era absoluta y ha instado a todos los estados para que continúen promulgando y haciendo cumplir las leyes para hacer que las comunidades estén más seguras de la violencia armada.
El presidente estadounidense ha reconocido, posteriormente, que es "una mala decisión". "Estaba hablando con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul sobre esto. Estoy decepcionado con la decisión", ha recalcado en la sala Roosevelt este jueves, según ha recogido la cadena CNN.
Biden ha señalado, en un punto positivo, que hay "un poco de consuelo", ya que, según su comprensión del fallo, "la opinión mayoritaria ha establecido que no afecta a todos los estados", por lo que las leyes "todavía están vigentes" en 40 de los estados.
Además de afectar a la legislación de Nueva York, el fallo también puede repercutir en legislaciones similares en otros estados como California, Delaware Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts y Nueva Jersey, que otorgan más potestad a los funcionarios para denegar este tipo de solicitudes especiales.
