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Castillo comparece ante la Fiscalía en un caso de supuesto lavado de dinero y tráfico de influencias

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha declarado ante la Fiscalía durante tres horas en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros).

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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

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"Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy. En una situación de parte de la Fiscalía, donde nos hemos dado todo el tiempo y la disposición para responder todas las preguntas. Desde aquí les digo que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se aclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo", ha explicado Castillo a la prensa tras presentarse ante el Ministerio Público.

El mandatario ha expresado su satisfacción tras las preguntas del fiscal. "Me siento satisfecho. De acá tenemos una reunión en la tarde con las autoridades y el fiscal de la Nación. Vamos a ver cómo trabajamos en el marco de la reforma de justicia y vamos a seguir contribuyendo. Acá estamos para dar la cara y lo vamos a seguir haciendo siempre", ha argumentado, según recoge el periódico 'La República'.

Asimismo, el presidente ha reiterado que es "un hombre honesto" y ha agregado que siempre defenderá su "inocencia y honor", tal y como ha publicado en un mensaje de la red social Twitter.

El caso aborda la adjudicación de dicho contrato al Consorcio Tarata III para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

En concreto, la comparecencia del mandatario se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio Público y ha estado a cargo del fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, tal y como ha recogido el diario 'El Comercio'.

Castillo ha ingresado en el edificio caminando, con fuertes medidas de seguridad y miembros de la Policía peruana haciendo un cordón policial debido a las protestas que se han registrado en el exterior, con pancartas y megáfonos.

Según ha señalado el diario 'La República', es el primer jefe de estado en el cargo que responde ante la Fiscalía en calidad de investigado por presuntos actos de corrupción en el marco de una investigación preliminar abierta por el fiscal Pablo Sánchez.

El mandatario peruano fue incorporado a finales de mayo a las pesquisas que ordenó Sánchez en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como 'Los Niños' por la empresaria Karelim López, por presunto tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

La investigación gira en torno a las declaraciones de López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con Pacheco y los sobrinos de Castillo, quien aseguró que Villaverde presentó al empresario Luis Pasapera un listado de obras del Ministerio de Transportes, a las que podían presentarse sus empresas sin necesidad de concurso público.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.

Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

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