CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Guatemala aceptó el miércoles darle trámite a una denuncia presentada por una fundación de ultraderecha contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha emitido fallos importantes para investigar crímenes de guerra y de corrupción.
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Gálvez sentó en el banquillo al exdictador José Efraín Ríos Montt, que fue llevado a juicio por genocidio debido a la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante el conflicto armado y después se le sentenció a 80 años de prisión. Sin embargo, posteriormente la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El exdictador murió en 2018 sin ser juzgado.
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El juez también llevó a juicio al general Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala de 2012 a 2015, quien tuvo que renunciar al cargo junto con su gabinete por acusaciones de corrupción.
En una entrevista con The Associated Press, Gálvez dijo que había recibido amenazas de muerte, hostigamiento y acoso incluso de personas allegadas a la Fundación contra el Terrorismo, la misma que lo denunció. “Es una venganza contra mi trabajo”, dijo entonces el juez.
Gálvez responsabilizó de las amenazas a Ricardo Rafael Méndez Ruiz, presidente de la Fundación, un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.
Méndez Ruiz publicó en redes sociales: “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez, la FCT se hace cargo”, y posteriormente: “la FCT lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura... Lo vamos a ver preso o exiliado”.
A pesar que el juez denunció las amenazas ante el pleno de la CSJ, esta no presentó denuncia, pero sí designó a la magistrada Zonia Santizo, vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones, para que investigue el trabajo de Gálvez.
El acoso contra Gálvez se incrementó luego de que enviara a juicio a diez expolicías y militares que serán investigados por la muerte, tortura, desaparición forzada y ejecución de 21 personas, de al menos 183 que sufrieron esos vejámenes durante la guerra.
El caso, conocido como “Diario Militar”, es uno de los más emblemáticos de la guerra civil de Guatemala. Se trata de un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de esas 183 personas durante la década de 1980.
Cuando Gálvez envió a juicio a los expolicías y militares relató parte de los testimonios recabados por la fiscalía.
“Los subían a vuelos y los aventaban en el océano para eliminar la evidencia de las torturas”, señaló el magistrado sobre la suerte de las víctimas del Diario Militar, y enumeró los tormentos —arrancar las uñas o la lengua, violaciones y electrocuciones en los testículos— cometidas presuntamente por órdenes de los acusados.
Las acciones contra Galvez se suman a lo que jueces y fiscales han denunciado como una criminalización de sus actos que ha llevado al exilio a más de 20 funcionarios de justicia durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
