SAN SALVADOR (AP) — Teodora del Carmen Vásquez estaba en el noveno mes de embarazo y trabajaba en la cafetería de una escuela cuando sintió intensos dolores en la espalda, como si la hubiesen golpeado con un martillo. Llamó siete veces al 911 antes de desvanecerse en un baño cubierto de sangre.
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La pesadilla que siguió es algo normal en El Salvador, un país muy católico en el que el aborto está prohibido en cualquier circunstancia y las mujeres que pierden bebés o dan a luz niños muertos a veces son acusadas de matar a sus hijos y condenadas a años, incluso décadas, de cárcel.
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Cuando Vásquez recuperó el conocimiento, había perdido el feto. En lugar de esperar una ambulancia, la policía la montó en la parte trasera de una pickup y la llevó a una comisaría bajo la lluvia. Allí fue detenida, bajo sospecha de haber violado las leyes que prohíben el aborto, que son de las más estrictas del mundo. Temerosas de que pudiese morir, las autoridades finalmente la llevaron a un hospital, donde la encadenaron a una camilla. Fue juzgada, condenada y sentenciada a 30 años de cárcel por homicidio con agravantes.
“Esta es la realidad que vivimos. Y esta situación no la viví solo yo”, expresó Vásquez, quien pasó diez años en la cárcel por lo que ella describe como un parto de un feto muerto. “Si llega a la cárcel una mujer que la acusan de haber abortado, es como que llegó lo más malo, lo más sin corazón que puede llegar a un lugar”.
“Desde el momento que salimos embarazadas nos convertimos en incubadoras”, agregó Vásquez, quien fue excarcelada en el 2018, luego de que se le conmutase la pena. “Perdemos nuestros derechos. La única posibilidad que tenemos de vida es que tenemos que cuidar al producto que llevamos dentro. Yo creo que esta es una violencia en contra de nosotras”.
Activistas a favor del derecho al aborto dicen que la ley ha dado paso a numerosas violaciones de los derechos humanos y debería servir como advertencia a lo que puede suceder en Estados Unidos, donde se espera que más de 20 estados prohíban el aborto si la Corte Suprema anula en las próximas semanas un fallo de 1973, el de Roe v. Wade, que legalizó el aborto.
Algunos estados podrían conservar excepciones para casos como violación o incesto, pero es posible que otros no contemplen exención alguna mientras no corra peligro la vida de la madre. Esto implicaría que las víctimas de violación podrían verse obligadas a tener el hijo y las emergencias obstétricas podrían ser consideradas abortos intencionales, de acuerdo con Catalina Martínez Coral, directora de la rama latinoamericana y del Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York.
“Hay 12 estados que estarían dispuetos a penalizarlo totalmente. En esos estados donde empiece a regir una penalización total, se podrían vivir contextos similares a los que se viven en El Salvador”, indicó Martínez Coral.
Algunas figuras prominentes contrarias al aborto en los Estados Unidos dicen que están en contra de que se lleve a los tribunales a las mujeres que abortan, pero hay quienes piensan distinto. Legisladores de Luisiana, por ejemplo, promovieron sin éxito este año una ley que hubiera hecho posibles esos procesos. Y Tom Ascol, fuerte aspirante a la presidencia de la Convención de Bautistas del Sur, propone que los abortos sean considerados homicidios.
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Las mujeres solían tener la posibilidad de someterse a abortos si sus vidas corrían peligro, el feto tenía severas deformidades incompatibles con la vida o habían sido violadas en El Salvador, nación de 6,5 millones de habitantes sobre la costa del Pacífico de América Central.
Eso se acabó a fines de la década de 1990, en que se aprobó una ley impulsada por los sectores contrarios al aborto y la Iglesia Católica y una enmienda a la constitución dijo que la vida comenzaba en el momento de la concepción.
Hoy El Salvador es uno de solo cuatro países del hemisferio occidental que prohíben toda forma de aborto y sobresale por el celo con que juzga estos casos. Si bien los abortos conllevan penas de dos a ocho años de cárcel, decenas de mujeres como Vásquez han sido condenadas por homicidio con agravantes, castigables con hasta 30 años.
En total, se enjuició en El Salvador a al menos 181 mujeres que tuvieron emergencias obstétricas en las dos últimas décadas, según el Citizen Group for the Decriminalization of Abortion (Grupo de Ciudadanos a favor de la Despenalización del Aborto), que busca la liberación de estas mujeres desde el 2009. Al menos 65 mujeres fueron excarceladas con la ayuda de esta organización y sus aliados.
“En todas partes se entiende que en una pérdida del embarazo por razones naturales, espontánea, no está metida la voluntad de la mujer”, dijo Morena Herrera, la directora de esa organización sin fines de lucro. “Aquí se castiga eso”.
El Salvador espera que médicos y enfermeras denuncien posibles abortos o se expongan a ser juzgados. Por ello las mujeres que se presentan en hospitales tras perder bebés o luego de haberse sometido a abortos fallidos son a veces denunciadas a las autoridades.
La gran mayoría de las mujeres juzgadas y castigadas son jóvenes pobres que no tienen acceso a servicios médicos y no pueden costear un viaje al exterior para someterse a un aborto ni pagar por buenos abogados si son juzgadas. A veces son víctimas de violaciones en un país con una alta incidencia de esos delitos.
Una de estas mujeres, Imelda, fue violada en reiteradas ocasiones entre los ocho y los 18 años por el compañero de su madre y quedó embarazada. En el 2017 dio a luz inesperadamente un bebé en un retrete y perdió el conocimiento. El niño sobrevivió, pero ella fue acusada de intento de asesinato debido a las circunstancias del parto.
Fue liberada en el 2018, después de que un juzgado decidió que no había tratado de matar a su bebé.
Imelda cree que no se debe obligar a una mujer a dar a luz un bebé producto de una violación.
Desde que fue liberada ha estado estudiando para ser enfermera y espera dar un ejemplo acerca de cómo tratar a estas pacientes.
“Una niña qué va a querer ser mamá. Es inocente”, dijo Imelda. “Esas niñas de diez años que son violadas, lo que quieren es jugar, estudiar. Yo siempre he querido estudiar, no ser mamá”.
La Associated Press generalmente no identifica a las personas que han sido agredidas sexualmente. Alude a Imelda solo con su nombre de pila.
Otra mujer, Karen, tenía 21 años y estaba embarazada cuando se desmayó en la casa de su abuela, donde estaba sola. Se despertó esposada a la camilla de un hospital y perdió el bebé. Un interrogatorio policial dio paso a una acusación de homicidio con agravantes y a una condena a 30 años de prisión en el 2015.
“Me decían que era una asesina y que iba a pagar por lo que había hecho”, afirmó Karen. ”Que me iba a podrir en la cárcel”.
En la cárcel, otras mujeres presas le dijeron a Karen que no merecía vivir. Se pasó años encerrada, pensando en su hijo y convencida de su inocencia. Fue liberada en diciembre.
Igual que otras mujeres entrevistadas por la AP, Karen contó su historia y admitió ser fotografiada con la condición de que no se diese a conocer su nombre completo para preservar su privacidad y por temor a represalias y a ser estigmatizada.
Hoy Karen trata de recuperar el tiempo perdido jugando al fútbol con su hijo de 14 años y cocinando sus platos preferidos, como frijoles refritos y plátanos fritos. Mantiene su fe católica, aunque se siente desencantada con algunas posturas de la iglesia, incluida su oposición al aborto.
“Para ellos, nosotras deberíamos de seguir pagando una condena por el delito que nosotros hemos cometido, según la sociedad y la iglesia”, dijo Karen.
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La Iglesia Católica y una creciente cantidad de iglesias evangélicas tienen mucha influencia en este país abrumadoramente cristiano, en el que algunos legisladores citaron las Escrituras el año pasado al votar a favor de que se mantuviese la prohibición del aborto.
En su oficina en el Congreso, el legislador Guillermo Gallegos tiene lo que describe como su altar: Una mesita de madera con una Biblia abierta; imágenes de Jesús que consiguió en un viaje a Rusia; una botella de plástico con agua bendecida por el papa Francisco durante una visita al Vaticano; una estatua de la Virgen María y otra de plata de Moisés sosteniendo los Diez Mandamientos. En una entrevista, Gallegos dijo que permitir el aborto iría en contra de las creencias de la gran mayoría de los salvadoreños.
“No hay ninguna causa valedera para que el aborto se pueda despenalizar en el país”, manifestó Gallegos. “Hay movimientos fuertes en el país a favor del aborto por algunas causas, pero afortunadamente esos no han logrado prosperar aquí en el Parlamento, donde se tendría que tomar la decisión”.
Aprobar el aborto, acotó, “iría contra nuestra fe”.
El Vaticano se opone firmemente al aborto y eso no ha cambiado con Francisco, quien en el 2019 preguntó, “¿está bien contratar un sicario para resolver un problema?”.
Después de celebrar una misa una mañana reciente en la iglesia San Francisco de Asís de la capital salvadoreña, el cardenal Gregorio Rosa Chávez elogió la visión de Francisco en el sentido de que el aborto es un acto violento.
“Estamos en una cultura de la muerte, hoy todo lo que es muerte se aprueba”, sostuvo el cardenal en declaraciones a la AP. “Eso nos lleva a un desastre total”.
El ministro de salud de El Salvador declinó responder preguntas a través de un portavoz de la presidencia, que dijo que nadie del gobierno ofrecería entrevistas.
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Ahora que Roe v. Wade corre peligro en Estados Unidos, los defensores del derecho al aborto en América Latina que alguna vez consideraron a su vecino del norte como un ejemplo a seguir, si fijan ahora en naciones como Argentina, Colombia y México, que levantaron muchas restricciones en respuesta a la presión de movimientos feministas que acudían a los tribunales.
El Centro de Derechos Reproductivos fue una de varias organizaciones que peleó por la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas en Colombia. Ahora trata de preservar Roe.
“Esperamos que esta ola verde inspire también a nuestras hermanas de Estados Unidos”, declaró Martínez Coral, aludiendo a los pañuelos verdes que usan las mujeres en sus manifestaciones de apoyo al derecho al aborto en la región. “Hay que protegerlo en todos lados”.
Jocelyn Viterna, socióloga de la Universidad de Harvard, estudió documentos legales de decenas de casos de mujeres salvadoreñas condenadas por homicidios asociados con sus embarazos.
“Si las cosas se dan como en El Salvador, las mujeres de Estados Unidos que pierden bebés de forma natural van a generar muchas más sospechas de que incurrieron en un aborto”, expresó Viterna. “Probablemente se pregunten, ‘¿se tomó una pastilla?’, ‘¿bebieron demasiado cuando no deberían haberlo hecho?’, ‘¿por qué perdió ese bebé?’”.
Herrera, del Citizen Group, coincide con activistas que temen las mujeres de minorías y de bajos ingresos se vean afectadas desproporcionadamente en Estados Unidos si desaparece Roe, como ocurre en El Salvador.
Jesús, de 22 años, tenía ocho cuando su madre fue detenida luego de perder un bebé. Él y su hermanito de cinco años quedaron a cargo de sus abuelos, ambos campesinos pobres. La madre, quien en los tribunales fue identificada solo como Manuela, falleció de un cáncer en el 2010 mientras cumplía una condena a 30 años de prisión.
“La muerte”, dijo Jesús. “Eso es lo que hizo el estado de El Salvador al condenar a mi mamá: Darle muerte y dar una mala vida a sus hijos”.
-Tapping his feet nervously during an interview, Jesús said he decided to tell their story in hopes that other children won’t have to face the same suffering: “El nombre de mi mama es una memoria que nunca va a terminar.”
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Traumatizado por años por las acusaciones contra su madre, finalmente pudo cerrar el círculo en noviembre, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno había violado sus derechos.
La corte determinó que Manuela perdió su bebé por una complicación conocida como preeclampsia y que el personal médico priorizó la denuncia a las autoridades en lugar de atender su problema. Ordenó al gobierno que pagase una compensación por daños a los dos hijos.
Golpeando el piso nerviosamente con sus pies durante una entrevista, Jesús dijo que decidió contar su historia en la esperanza de que otros niños no tengan que sufrir lo que sufrió él.
“El nombre de mi mamá es una memoria que nunca va a terminar”.
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Vásquez también se crió en una comunidad rural pobre de El Salvador y ayudó a sus padres antes de trasladarse a la capital de adolescente. Fue encarcelada a los 24 años. Había llegado al cuarto grado, pero completó estudios secundarios en la cárcel y pasó a ser una especie de portavoz de otras detenidas.
Al ser liberada en el 2018, se comprometió a luchar por la excarcelación de otras mujeres y a ayudarlas a iniciar nuevas vidas. Hoy es el rostro del movimiento a favor del derecho al aborto en El Salvador y viaja por todo el país, hablando con mujeres que enfrentaron circunstancias parecidas a la suya y reclutándolas para que se sumen a su organización, Mujeres Libres. Su lema es: No dejes que esta historia se repita.
En el interior de una casa que la agrupación ayudó a restaurar, Mujeres Libres realiza funciones teatrales, ofrece lecciones de música para los niños y talleres acerca de cómo manejar un pequeño negocio. Las paredes están decoradas con una foto de Nelson Mandela y otras de las mujeres cuando estuvieron encarceladas.
“El dolor de una mujer es el dolor de otra mujer”, dijo Vásquez, quien recibió en el 2018 un premio de una organización de derechos humanos y democracia de Suecia. Hace poco completó estudios universitarios, con un título en comunicaciones, y figuró en un documental.
La agrupación atrae a mujeres como Marian López, de 40 años, que estuvo presa 17 años tras perder un bebé en el 2000. Luego de recuperar la libertad, se unió a Mujeres Libres y sacó un préstamo para ser panadera, algo con lo que soñaba de niña.
“La mayor lucha la ha tenido Teodora, porque ella es la que la que ha tenido el suficiente valor de plantarse” frente a los demás, dijo López.
Su hija de siete años estudia música en la casa junto con otros niños. Viven de la venta de pan que López cocina antes del amanecer en su modesta vivienda a dos horas de San Salvador.
“Quizás pudiéramos haber tenido el valor, pero necesitábamos a alguien que nos diera un empujoncito”, afirmó López. “Y ahora pues nos sentimos un poco mejor. Quizás felices porque ya podemos compartir ya en otro estado de la vida, en libertad”.
Otra mujer, Cindy, fue detenida en el 2014 al dar a luz un bebé muerto en el baño de un centro comercial. Por entonces tenía un niño de cuatro años, Justin, y estudiaba turismo e inglés. Tuvo que interrumpir su educación y el cuidado de sus hijos, y no pudo ver a Justin por cuatro años.
“En lo que más reflexiono son las pérdidas... en la pérdida total de todo... familia, hogares, casas, estudios, trabajo, hijos. Se pierde todo”, expresó Cindy. “Lo que más hace pensar es cómo se va a comenzar de nuevo, cómo se va a recuperar el tiempo con la familia”.
Hoy, a los 30 años y nuevamente en Libertad, debe viajar a una dependencia judicial de la capital todos los meses para firmar documentos relacionados con su libertad bajo palabra. Ella y Justin viven con sus padres y está estudiando nuevamente. Vende piñatas que ella misma fabrica y preparó una para el cumpleaños de su hijo, con forma de dinosaurio. Él quiere ser paleontólogo.
Sueñan con viajar al exterior juntos. “Olvidar todo y en otro lugar”, dijo Cindy. “Y comenzar de nuevo”.
Vásquez dice que se siente alentada por los hijos de estas mujeres, quienes le aseguran que preservarán sus legados cuando ellas ya no estén.
-“Me ilusiona, porque realmente creo que la educación sobre estos procesos deben empezar desde cuando estamos niños”, manifestó Vásquez. “Entonces el mensaje a nivel mundial, sobre todo para las madres es: Enseñen a sus hijas a conocer sus derechos desde ya, porque si ellas empiezan a conocer sus derechos desde ya van a poder ser mujeres defensoras de los derechos humanos”.
“Es bien importante realmente no llevar réplicas del Salvador a otros países” señaló. “Hay que tratar de cambiar al Salvador para que nuestra historia no se repita en diferentes lugares y en las generaciones futuras”.
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Marcos Alemán (San Salvador) y Marko Álvarez (Bogotá) colaboraron en este despacho.
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La cobertura religiosa de la Associated Press recibe apoyo a través de The Conversation US y fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.
