MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
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Así se lo trasladaron este jueves a los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular, a través de sus alegaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio Público de Justicia.
En la reunión participaron, por parte de la AEAFA, su presidenta, María Dolores Lozano, y los vocales Óscar Martínez, María José Sánchez, María Dolores López-Muelas y Álvaro Iraizoz mientras que por el PP intervinieron su portavoz en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, y el portavoz adjunto Miguel Ángel Jerez; y por el PSOE, los vocales de la Comisión de Justicia Miguel Ángel González Caballero y Uxía Tizón Vázquez.
En concreto, AEAFA les ha instado a crear secciones de Infancia, Familia y Capacidad en cada uno de los 431 futuros Tribunales de Instancia que se crearán en España con la entrada en vigor de la ley que eliminará los juzgados unipersonales.
"La puesta en marcha de estas secciones contribuirá a disminuir la violencia de género y de infancia que crece día a día. La especialización de jueces, fiscales, equipos psicosociales y de letrados de la administración de Justicia evita conflictos", ha afirmado la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
Según ha indicado, "la experiencia ha demostrado que los tribunales específicos en asuntos de Familia, Infancia y Capacidad aceleran la resolución de las crisis familiares --como es el caso de los divorcios, modificación de medidas y procedimientos de jurisdicción voluntaria--, disponen de más medios y ofrecen soluciones más acertadas porque sus conocimientos sobre esta materia son superiores".
Si bien, desde AEAFA señalan que con el actual sistema de organización de la Justicia, más del 53% de los españoles no tiene acceso a este tipo de servicio público de calidad y especializado, generándose así "una evidente discriminación en favor de los grandes núcleos de población".
Al final, según precisan, es el lugar de residencia o empadronamiento del ciudadano lo que determina el acceso a "una justicia de primera o segunda división".
AEAFA indica que los ciudadanos de las islas de Ibiza, Menorca, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o de ciudades como de Ávila, Segovia, Soria, Lugo, Zamora, Cáceres, Cádiz, Cuenca, Huesca, Palencia, Teruel, Toledo, Manresa, Loca o Avilés no disponen de tribunales especializados, lo que se traduce en "retrasos muy graves".
"El atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta un año. Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine", ha precisado Lozano.
También puede suceder, según ha detallado, que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. "Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental", ha advertido.
La AEAFA lamenta que el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Justicia deja "al albur de las circunstancias" la creación de juzgados de Familia, puesto que dependerá de "cuando se estime conveniente" y en función de la "carga de trabajo existente en ese tribunal".
Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial del año 2019, el total de asuntos civiles registrados en los juzgados y tribunales de España fue de 2,4 millones, de los que 557.142, es decir, el 25%, corresponden a asuntos de familia, sin contabilizar los procedimientos de ejecución.
