MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La decisión, adoptada durante una reunión entre Saied y la primera ministra, Najla Buden Romdhane, y el ministro del Interior, Taufik Charfedín, afecta a un total de trece de los 24 gobernadores del país.
La Presidencia tunecina ha indicado que la reunión se centró en la situación en el país, marcada por una profunda crisis económica, y los preparativos de cara al referéndum constitucional del 25 de julio, según ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.
La medida afecta a los gobernadores de Ariana, Gabes, Kasserine, Kebili, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Buzid, Siliana, Susa, Tatauín, Yenduba y Zaghuan, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de esta decisión.
Por su parte, la ministra de Comercio tunecina, Fadhila Rebhi, ha destacado en declaraciones a la emisora Mosaique FM que el Gobierno no retirará el sistema de subvenciones a productos básicos, en medio de la crisis y el repunte de los precios en el país africano, que han provocado un aumento del malestar con las autoridades.
El presidente tunecino anunció el 30 de marzo la disolución del Parlamento, ocho meses después de su suspensión, apenas unas horas después de una reunión telemática de los diputados en la que revocaron las medidas de excepción y denunciaron un golpe de Estado. Asimismo, aprobó un decreto en el que modificaba la composición de la comisión electoral y dejaba la designación en sus propias manos y en las de un organismo que depende directamente de él.
Posteriormente, desveló un comité para la redacción de una Constitución para la "Nueva República", integrado por dos subcomités en los que participarán la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) --el principal sindicato del país--, la Confederación Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (UTICA), la Asociación Nacional de Abogados (ONAT) y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH).
El mandatario ha prometido elecciones parlamentarias para el 17 de diciembre de 2022 y un referéndum constitucional el 25 de julio de 2022, fecha ya fijada a través de un decreto presidencial. La Constitución tunecina de 2014 solo permite suspender el Parlamento durante 30 días, un plazo ampliamente superado.