MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
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Emiratos Árabes anunció a finales de 2021 enmiendas a 40 leyes que incluyen delitos y castigos con el objetivo de "fortalecer las oportunidades económicas, de inversión y comerciales, además de maximizar la estabilidad social, seguridad y garantizar los derechos tanto de las personas como de las instituciones", según informó entonces la agencia WAM.
A pesar de estas enmiendas, HRW considera que si bien los cambios permiten "una moderada ampliación" de las libertades personales, el nuevo marco legal "mantiene severas restricciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión", según ha explicado la organización en un comunicado.
"Si bien el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y sus medios de comunicación controlados por el Estado anunciaron nuevos cambios legislativos como un gran paso adelante para las libertades económicas y sociales, afianzarán aún más la represión impuesta por el Gobierno", ha asegurado el subdirector para Oriente Medio de HRW, Michael Page.
El activista considera que el Gobierno de Emiratos Árabes ha desperdiciado la oportunidad de mejorar las libertades en todos los ámbitos y que, en cambio, ha redoblado la represión en el país.
Human Rights Watch ha llevado a cabo un análisis legal de dos de las nuevas leyes, la ley de delitos y sanciones y la ley de delitos cibernéticos, para identificar cualquier cambio relacionado con los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Ambas leyes entraron en vigor en enero de 2022, según ha explicado la ONG en un comunicado.
"Las leyes continúan prohibiendo las críticas a los gobernantes y el discurso que se considera que crea o fomenta el malestar social, imponiendo sanciones severas por cargos vagamente definidos. Mantienen disposiciones que tipifican como delitos perseguibles la difamación y los insultos, tanto verbales como escritos, ya sean publicados o realizados en privado", ha asegurado HRW, que también subraya que las nuevas disposiciones penalizan la información "falsa" y "engañosa".
La ONG ha recordado que, desde 2011, las autoridades del país "han llevado a cabo un asalto sostenido a la libertad de expresión y asociación", ya que habrían arrestado y enjuiciado a decenas de abogados, jueces, maestros, estudiantes y activistas independientes , así como clausurando asociaciones clave de la sociedad civil y las oficinas de organizaciones extranjeras. "En la práctica, aplastando cualquier espacio para la disidencia", han añadido.
