BUENOS AIRES (AP) — Mientras sostiene su bolsa de tela, Bahiano Arévalo espera a que una trabajadora del merendero Los Leoncitos lo atienda. Cuando le llega el turno, el niño argentino de siete años comprueba que ha recibido algo de leche y una torta rellena de dulce.
Al salir se dirige a su madre, Evelin Benítez, que lo espera cerca del comedor popular en el barrio Carmen de Alvear, en el municipio de Tigre y a más de 30 kilómetros de Buenos Aires. "Vengo porque tengo tres chicos y todo ayuda. Así como vengo acá después voy a buscar más allá comida", dijo Benítez hace unos días a The Associated Press.
La vida de la mujer de 29 años se ha visto influenciada por las organizaciones sociales. Forma parte de la agrupación Barrios de Pie, a donde llegó hace un año procedente del Movimiento Evita, y tres veces a la semana acude a “Los Leoncitos”, que abrió otra de estas agrupaciones. Si la mujer no acudiera a los comedores que estas agrupaciones han abierto masivamente durante la pandemia, ella y sus tres hijos, su pareja y su madre, apenas podrían sobrevivir.
En medio de una economía que intenta recuperarse de la pandemia y una de las tasas de inflación más altas del mundo, millones de argentinos sobreviven por la tarea asistencial del Estado y de organizaciones sociales a las que están afiliados. Éstas les brindan alimentos y, gracias a sus vínculos tejidos con el poder político, aceitan la efectiva llegada a sus manos de subsidios y programas de trabajo que están remunerados con un salario precario.
Esas organizaciones de tendencia izquierdista y peronista ostentan un poder de doble filo, ya que median con las autoridades y contienen las demandas de integrantes que reclaman mayores ingresos evitando un estallido social y al mismo tiempo constituyen una latente amenaza para el presidente Alberto Fernández por su enorme capacidad de movilización en las calles.
En las últimas semanas, su enojo con Fernández ha aumentado y se ha reflejado en protestas donde reclaman más trabajo, mejores salarios y los beneficios que poseen los trabajadores de la economía formal, como seguro médico, vacaciones pagadas o jubilaciones.
Los argentinos lidian con una acelerada inflación. En abril fue de 6% y en la comparación interanual la suba fue de 58%, muy por encima de la de otros países también afectados por la guerra de Rusia y Ucrania, como Estados Unidos, que registró 8,3%. Economistas calculan que en Argentina la inflación llegará a 70% a fin de año. De ser así se dispararía la pobreza, que a fines de 2021 afectaba a 37,3% de una población de unos 47 millones de personas.
Evelin Benítez barre las calles, trabajo por el que recibe unos 20.000 pesos (159 dólares) mensuales al ser beneficiaria de un programa laboral en el marco de este sistema asistencialista estatal. El día en que cobra hace las compras. El dinero le dura pocos días y luego tiene que volver a rondar los comedores populares.
Según Jorge Cabral, miembro del Frente Popular Darío Santillán, si no fuera por estas organizaciones, “explotaba todo”. Aseguró que ”durante la pandemia no hubo políticos que vinieron a decir qué necesitas. Las cosas que logramos es por la lucha, porque cortamos las calles; por teléfono nunca te van a atender”. Su agrupación recientemente convocó a miles de manifestantes en una de las principales avenidas de Buenos Aires que duró varios días en reclamo de más ayudas.
Estos grupos ideológicamente afines al peronismo y la izquierda más extrema se fortalecieron a partir de la crisis económica de 2001, la peor que recuerda el país. En ese entonces, la mitad de la población cayó en la pobreza en medio del cese de pagos de la deuda más grande de la historia. Nunca se disolvieron porque la pobreza persistió en una Argentina, cuya estructura productiva viene debilitándose progresivamente y sufre un proceso inflacionario sostenido, problema para el cual Fernández, un peronista que llegó al poder a fines de 2019, no encuentra solución.
El presidente afirmó recientemente que la economía se está recuperado del batacazo de 2020, cuando cayó casi 10% en medio de la pandemia, pero dijo sentirse muy disconforme con los índices de inflación. No obstante, la reactivación productiva está lejos de ser suficiente y el gobierno debe seguir apoyándose en un esquema de asistencia con el que busca sacar a millones de la pobreza.
En la actualidad gestiona el programa Potenciar Trabajo con la activa participación de las organizaciones, el principal a nivel nacional y que llega a más de 1,2 millones de argentinos. Sus beneficiarios reciben por las tareas que realizan más de 19.000 pesos al mes (150 dólares), la mitad del salario mínimo.
Ese programa está pensado para capacitar y generar empleo formal en una sociedad donde la mitad de los más de 19 millones de trabajadores no está inscrito en el sistema de seguridad social, un objetivo que cada vez parece más difícil de lograr. Integra el universo de múltiples programas, subsidios, bonos y otras transferencias monetarias gestionadas por el Estado a nivel nacional, provincial y municipal, que van cambiando de nombre a medida que se suceden los años y los gobiernos en el poder.
Para el Ministerio de Desarrollo Social, el principal suministrador de ayudas, Potenciar Trabajo supone un desembolso de 26.000 millones de pesos mensuales (unos 207 millones de dólares).
“En el país, tres de cada diez hogares se benefician de algún programa social. Si no fuera así los indigentes pasarían de representar el 8% actual de la población al 18%”, dijo a AP Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Esas ayudas cubren necesidades básicas de la población más necesitada evitando un estallido social, según Donza. Aún así, muchos beneficiarios se ven obligados a conseguir trabajos temporales fuera del sistema estatal para llevar algo más de dinero a sus casas.
Los críticos de este esquema asistencial afirman que es una herramienta más de los oficialismos para asegurarse votos. Las agrupaciones son intermediarias con el Ministerio y algunas tienen a sus dirigentes ocupando puestos en la cartera o contactos directos con la misma. Los referentes de las agrupaciones en las barriadas populares reciben por su lado pedidos de ayuda de militantes que han aspirado a los programas mediante un trámite realizado ante el Estado y el sector de “administración” de la organización brega que ello se haga efectivo. En los últimos tiempos, estas agrupaciones reclaman al gobierno “más cupo” para que Potenciar Trabajo alcance a más beneficiados de los 1,2 millones actuales, más del doble de quienes lo recibían a fines de 2019.
Referentes de agrupaciones aseguraron que llevan un control interno para verificar que sus afiliados cumplan efectivamente con las tareas asignadas. Si alguno no recibe el sueldo a tiempo -que debe ser depositado por el gobierno en una cuenta bancaria- ellos toman cartas en el asunto reclamando que se haga efectivo cuanto antes. Según el investigador Donza este sistema estatal es muy complicado y por ello “parece hasta un éxito que un 80% de los destinatarios (de Potenciar Trabajo) esté haciendo o contraprestación laboral o se esté capacitando”.
Los mismos referentes entrevistados -que no quisieron identificarse- admitieron que algunas agrupaciones no supervisan que su militantes realicen las labores asignadas. Muchos de éstos últimos -a los que despectivamente se llama “planeros”- se ven conminados a aportar dinero a la organización, que a cambio de asegurarles el beneficio del plan los usa como poder de fuego en las protestas para lograr sus objetivos. Estas “irregularidades” son limitadas, acotaron militantes sociales, quienes reivindicaron la labor de las agrupaciones en el marco de un Estado muchas veces ausente.
"Hacemos algo, cumplimos horas de trabajo y queremos trabajar más", dijo a AP Andrea Montero, de la organización Frente Popular Darío Santillán y quien elabora pan y dulces en una pequeña cocina del barrio Carmen de Alvear. Luego sus compañeras los venden a un económico precio en el vecindario y con los ingresos obtenidos consiguen alimentos frescos para el merendero “Los Leoncitos”.
Ataviada con un gorro y un delantal que llevaban inscritos el logo de la organización donde milita, Montero dijo que el pequeño emprendimiento de panificación concebido en el marco del programa "Potenciar Trabajo" se convertirá eventualmente en una panadería con más empleados.
Cerca de la ciudad de La Plata, la labor del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), una de las agrupaciones más involucradas en las protestas, es vital en el barrio “El Peligro” un lugar olvidado, sin cloacas, agua potable y gas. Su comedor popular recibe alimentos secos que brindan las autoridades, pero no son suficientes y se provee de verduras en su propia huerta. Varias mujeres trabajan en ese barrio barriendo las calles con escobas y otro equipamiento que ellas mismas aportan.
En una sala del lugar funciona una guardería donde trabaja Xoana López. “Estoy un poco peor que en la pandemia porque todos los días aumenta algo” de precio, dijo la mujer. En este marco de sinsabores, destacó la importancia de pertenecer al FOL porque tiene un trabajo remunerado y puede luchar por sus "derechos”.
Militantes de las agrupaciones dan por supuesto que con la inflación disparada las protestas se incrementarán y confían en su poder. “Al ser masivos al gobierno le mueve el tablero; ahora deberíamos juntarnos para ver qué hacemos”, dijo al respecto la referente del FOL Karina Sebastián.